Un equipo ROCA en labores de vigilancia
Aurelio Maroto
El Ayuntamiento de La Solana ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real el mantenimiento y refuerzo de las unidades especializadas de la Guardia Civil destinadas a la seguridad rural. A través de un escrito oficial, el concejal de Agricultura, Julián Díaz-Cano, solicita al subdelegado del Gobierno, David Broceño, aumentar este tipo de vigilancia en el campo.
La petición pone el foco en la importancia de los equipos ROCA (acrónimo de Robos en el Campo), creados específicamente para prevenir e investigar delitos relacionados con robos, daños y actos vandálicos en explotaciones agrícolas y ganaderas. El escrito considera que cualquier reducción de efectivos podría afectar “negativamente” a la capacidad preventiva y operativa en el medio rural, un entorno cada vez más expuesto por el elevado valor económico de la maquinaria, las instalaciones y las producciones agrícolas.
El consistorio recuerda que el sector agrario constituye uno de los pilares económicos y sociales de la comarca y de la provincia de Ciudad Real, además de desempeñar un papel estratégico para fijar población. Por ello, advierte que la seguridad en el campo no solo debe entenderse como una cuestión de orden público, sino también como un elemento indispensable para garantizar la actividad económica y proteger el patrimonio. También se apela al marco legal que ampara la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, cita el artículo 104 de la Constitución, ya que entre sus funciones se encuentran la prevención de delitos y la protección de personas y bienes.
Entre las medidas solicitadas, el Ayuntamiento de La Solana reclama que la Subdelegación del Gobierno estudie la situación actual de los efectivos y medios destinados a la protección de explotaciones agrícolas y ganaderas en la provincia. Asimismo, pide que, lejos de reducir los efectivos, plazas de esta vigilancia rural, se refuercen para mejorar las labores de prevención y control en caminos rurales y zonas especialmente sensibles.
La propuesta concluye reclamando tal incremento de recursos humanos y materiales para garantizar la seguridad en el campo, “protegiendo empleo, inversión, patrimonio y el modo de vida de cientos de familias”.
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