El equipo de Gobierno defiende y justifica la nueva tasa de basuras

Contenedores de basura en la Avenida del Deporte Foto: GACETA

Aurelio Maroto

El equipo de Gobierno ha defendido la nueva tasa municipal de recogida de basuras y ha situado su origen en la obligación establecida por ley en 2022, cuando aún no gobernaba. En rueda de prensa, la alcaldesa, Luisa Márquez, y el concejal de Hacienda, Ramón Gallego, han explicado las principales novedades de la ordenanza, especialmente la ampliación del número de inmuebles sujetos al pago, y han reivindicado la gestión municipal en este sentido.

Gallego ha citado la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que estableció que las entidades locales debían tener una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que reflejara el coste real de la recogida, transporte y tratamiento. Dos años después, la Junta y la Universidad de Castilla-La Mancha elaboraron una guía para ayudar a los ayuntamientos a implantar la nueva tasa, de modo que el Ayuntamiento de La Solana se limitó a cumplir la legislación superior. “Una cosa es criticar cómo hemos configurado la ordenanza en nuestro pueblo y otra muy distinta presentar esta tasa como una ocurrencia”, ha señalado. Conviene recordar que esta ordenanza fue aprobada por el Pleno el 6 de mayo de 2025.

Luisa Márquez junto al concejal de Hacienda, Ramón Gallego Foto: GACETA

El titular de Hacienda ha destacado que la cuota ordinaria para una vivienda sujeta al anterior sistema pasa de 68,81 a 55 euros anuales. “No ha subido; al contrario, ha bajado 13,81 euros, aproximadamente un 20 por ciento”. El principal cambio se encuentra, según ha explicado, en los inmuebles que antes podían quedar fuera del pago por no existir personas empadronadas. La nueva ordenanza considera sujeto al inmueble cuando el servicio está establecido y en funcionamiento, independientemente de que se utilice o no. El suministro de agua constituye uno de los elementos utilizados para determinar la condición de contribuyente. También ha señalado que existen excepciones, como algunos solares sin construcción permanente y sin suministro de agua o inmuebles en ruina. En el caso de las actividades económicas, las cuotas varían según la actividad y superficie. Así, los comercios pagan entre 135 euros y 2.400 euros; bares, cafeterías y restaurantes entre 490 y 980 euros; los despachos profesionales 135 euros y la actividad industrial entre 135 y 540 euros.

El informe técnico-económico que basó la ordenanza estimó el coste anual del servicio en algo más de 818.000 euros, mientras que los ingresos previstos se situaron por encima de los 690.000. Unos 120.000 euros tendría que asumirlos el Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. Gallego ha insistido en que el nuevo padrón abre la puerta a revisar individualmente los recibos: “Si cualquier vecino considera que el recibo que ha recibido no se corresponde con las características de su inmueble, que lo comunique al Ayuntamiento”.

“Gestionar para avanzar”

La alcaldesa, Luisa Márquez, ha enmarcado esta cuestión dentro de las obligaciones que debe afrontar una administración local. “Gestionar supone tomar decisiones y avanzar”, ha manifestado, antes de poner como ejemplos el canon del agua y la ordenanza de vertidos industriales al alcantarillado. El Ayuntamiento está desarrollando esta última normativa mediante declaraciones responsables y controles a las empresas, especialmente tras la vendimia. “Esto forma parte de la gestión ordinaria de una administración”.